El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró al COVID-19, como una pandemia dados los niveles alarmantes de propagación y gravedad, así como la inacción de los gobiernos para hacer frente a esta crisis.  Desde ese día, en un intento por frenar y/o detener su propagación, y proteger la salud de sus ciudadanos, muchos países adoptaron medidas estrictas como: declaración de estados de emergencia, aislamiento social obligatorio, toques de queda, entre otros. Muchas de estas medidas tuvieron y continúan teniendo importantes efectos en el respeto y garantía de los derechos humanos, en especial de los grupos más vulnerables.

El derecho internacional exige a los estados adoptar medidas para prevenir las amenazas a la salud pública y brindar atención médica a quienes lo necesitan.