La plataforma de las Américas y el Caribe de Coalition Plus, cuya sede es Kimirina, organizó una consulta regional del 27 al 29 de mayo pasado, conjuntamente con la Coalición Internacional de Preparación para el Tratamiento de Latinoamérica y El Caribe (ITPC-LATCA), ambas redes, preocupadas por conocer desde la mirada de la respuesta de la sociedad civil sobre la situación en nuestros diferentes países sobre el acceso a los ARV y los sistemas de seguridad social.
Sustentadas en una preocupación común sobre la seguridad social, como una instancia que ha demostrado falencias en la provisión de TARV y en el monitoreo clínico adecuado a las PVVS afiliados a su sistema en la mayoría de países, aspectos tales, y en época de epidemia de coronavirus, las personas viviendo con VIH y las afectadas por este virus, estas circunstancias, han profundizado las condiciones de desprotección social, inequidad y potencial irrespeto o directamente violación a sus derechos humanos.
La consulta, no solo permitió conocer las similitudes con relación a la respuesta al VIH, sino que, desde sus distintas latitudes, destacaron aspectos claves de la experiencia comunitaria para responder adecuadamente ante la emergencia planteada por el COVID-19.
Desde el Norte del Continente, Coq Sida de Canadá enfatizaba en esta consulta sobre la necesidad de, en este contexto, no dejar atrás el pleno involucramiento de las personas afectadas por las epidemias y los sistemas de respuesta comunitaria, con participación empoderada de los actores sociales y más o menos el mismo eco se escuchaba desde el Caribe francófono. Desde Centro américa, Costa Rica y México, de manera particular, parece ser solitaria en cuanto a contar con un sólido sistema de seguridad social que cuenta con espacios de participación efectiva de sus derechos habientes, más, sin embargo, la sociedad civil ha tenido que enfrentar embates muy fuertes de finalización de la responsabilidad gubernamental de aportar en las respuestas al VIH desde la sociedad civil.
El corona virus embate muy fuerte en toda la subregión, los sistemas no han estado preparados y una situación similar se ha identificado en la región andina con una notable diferencia de Colombia, que cuenta con un sistema de salud privado. La consulta ha manifestado la preocupación inmensa de los actores de la sociedad civil frente a la franca evidencia, no solamente de debilidad de la oferta de salud en la región, sino también a las dificultades de administración de los estados, infraestructura deficiente, con gobernabilidad débil en muchos de ellos e inclusive con claras demostraciones de corrupción.
Ha sido un aporte esperanzador el conocer la experiencia de monitoreo social de Venezuela, país que ha sufrido un desmantelamiento feroz de su respuesta de salud pública y del VIH, pero cuya sociedad civil con el apoyo de otros miembros del ámbito internacional han logrado desarrollar la observancia (vigilancia) comunitaria de la situación para denunciar y proponer, pero también en la generación y levantamiento de información. Denunciar la injusticia, proponer la solución. Permitir que el derecho a la información se produzca. Es un gran ejemplo a seguir.
En épocas de pandemia de COVID asistimos en todos los países espeluznados a la manipulación y ocultamiento de la verdad que se realiza sobre la situación de nuestros sistemas de salud –que han demostrado ser muy débiles- y a la real situación de la epidemia y la salud y la vida que se va cobrando, particularmente entre los más débiles. Asistimos a una crisis humanitaria, que afecta preponderantemente, entre otros a actores de nuestras poblaciones clave. Las falencias de los determinantes estructurales de salud: sociales, económicos, culturales, están produciendo graves impactos. Y en el marco de este devastador panorama, asistimos también al reavivamiento de irrespeto y violación a los derechos humanos en el ejercicio de libertades individuales, claro con el pretexto de la pandemia.
La consulta nos permitió conocer que esperanzas siempre existen, desde el Cono Sur, Argentina con una gestión de crisis enfocada en la asistencia de expertos técnicos, sin intereses particulares y con decisiones y liderazgo de los decisores políticos ha sido uno de los países que mejor ha logrado bregar con el coronavirus. En ese país y en otros que caminan mejor, un denominador común: la participación activa y empoderada de la sociedad civil, nos enseña que todos deberemos unir nuestras fuerzas en esa dirección, ser un puño y una voz colectiva como sociedad civil y actores comunitarios que articulados en redes o entre diversos esfuerzos a lo largo de nuestra geografía americana, podemos defender la salud y la vida y lograr que los más excluidos sean incorporados de manera efectiva en las políticas públicas y que los Estados sean realmente garantes de derechos. En este marco el espíritu de Coalition Plus se cumple y hace sentido la vocación de Kimirina, del vocablo quichua “trabajando juntos por un fin”.
Amira Herdoiza
Directora Ejecutiva