Uganda, 3 de abril, con el pretexto de que sus reuniones contribuyen a la propagación de la COVID-19, detienen a militantes en la sede de su asociación para la defensa de los derechos LGBT. En Nigeria, la comisión nacional de derechos humanos contabilizaba, al 20 de abril, no menos de dieciocho civiles muertos por el accionar de las fuerzas del orden tras violar el toque de queda impuesto para reducir la propagación de la epidemia. En Montreal, se emitieron multas de 1546 dólares canadienses a jóvenes en situación de calle por no haber respetado las consignas de distanciamiento social. A principios de mayo, en Suiza, dos trabajadoras sexuales transgénero fueron encarceladas por haber violado la disposición COVID-19 que les prohibía cualquier interacción con clientes.
La constatación es alarmante: la COVID-19 no solo deja expuestas desigualdades sociales sino que también está provocando, en diversos grados, un resurgimiento del autoritarismo de Estado en varios países, abarcando a algunos de los considerados más democráticos. Escudándose en imperativos de salud pública, ciertos gobiernos promulgan medidas y leyes de excepción que atentan contra los derechos fundamentales de comunidades ya de por sí fuertemente estigmatizadas y precarizadas.
No obstante, sabemos perfectamente que la coerción no es un remedio eficaz para combatir una pandemia. Al contrario, recurrir excesivamente al derecho penal y a las sanciones de todo tipo no hace sino agravar las consecuencias del mal que se pretende combatir. ONUSIDA lo ha recordado en su último informe destinado a los Derechos humanos en tiempos de COVID-19. Y es precisamente una de las primeras enseñanzas que las organizaciones miembros de la red internacional Coalition PLUS, creada para acompañar y movilizar a las comunidades más vulnerables frente al VIH/sida, podemos compartir con los actores que luchan contra la COVID-19.
“Nada sobre nosotros, sin nosotros”
Actualmente, y sobre la base de casi cuatro décadas de lucha contra el VIH/sida, nuestras organizaciones comunitarias pueden dar fe mejor que nadie de la imperiosa necesidad de acompañar a los más vulnerables en la definición de sus necesidades sanitarias, antes que disponer por la fuerza estrategias o dispositivos sanitarios que no tienen en cuenta sus realidades y limitaciones vitales, y que les causan más daño que bien.
Nuestra experiencia nos muestra que una respuesta sanitaria eficaz no se construye sin o en contra de las personas a las que se dirige. Y la razón es inexorable: los conjuntos de esas personas no disponen
ni de las mismas capacidades ni de los mismos recursos para implementar las directivas sanitarias dictadas.
Además, es por eso que nuestras organizaciones se desarrollaron según los principios de Denver: adoptaron como consigna el construir junto a las comunidades respuestas respetuosas, creíbles y adecuadas a las problemáticas sociosanitarias a las que se enfrentan.
La total y completa adhesión de las personas solo puede conseguirse si se involucra sistemáticamente a esas personas en la elaboración de estrategias de prevención y si sus necesidades, dificultades y limitaciones específicas se tienen plenamente en cuenta. Negar algo tan evidente equivale simplemente a prescindir de su indispensable colaboración y nos condena irremediablemente al fracaso.
Construir una respuesta mundial coordinada
La segunda enseñanza que podemos extraer de nuestra experiencia proviene de la verificación de que, al igual que el VIH, la COVID-19 no conoce fronteras. Poner fin a esta pandemia exige una movilización coordinada y solidaria a escala internacional. En la misma línea que la Organización Mundial de la Salud, Coalition PLUS y sus miembros convocan a una aceleración de la producción de vacunas, a tratamientos y test de diagnóstico contra el nuevo coronavirus, pero también y en especial, a garantizar un acceso equitativo y universal a esos productos sanitarios.
Nuestra experiencia sobre el desarrollo de los primeros tratamientos antirretrovirales en la década de los noventa nos ha enseñado hasta qué punto los avances médicos tendían a permanecer en manos de los Estados ricos, costando el sacrificio de millones de vidas en las regiones más pobres del planeta. Además, nuestras organizaciones lucharon y siguen luchando todavía para que los países en desarrollo y sus poblaciones no sean los eternos olvidados del progreso científico y de las inversiones sanitarias.
Al respecto, la creación del Fondo mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y el paludismo en 2002 es el claro ejemplo de lo mejor que pueden brindarnos la inteligencia y la movilización colectivas en esta prueba que estamos atravesando. En 20 años, gracias a la solidaridad internacional, 32 millones de vidas fueron salvadas y 18 millones de personas que viven con VIH pudieron recibir un tratamiento antirretroviral en los países pobres. Es la prueba de que sabemos unirnos y aglutinar fuerzas frente a la adversidad. Sobre todo, porque no basta con fabricar los tratamientos (principalmente en China y en India), también hay que asegurarse de que puedan llegar efectivamente hasta los pacientes (que viven mayoritariamente en África).
En la actualidad, frente a la COVID-19, no podemos permitirnos fallar: millones de vidas dependen de ello.
Profesora Hakima Himmich, presidenta de Coalition PLUS